La extinta soberanía popular

Gehard Cartay:

Desde hace ya 25 años se viene liquidando la soberanía popular, mediante la utilización de los Poderes Públicos y con el apoyo de la fuerza. El último zarpazo lo constituyó el desconocimiento de la decisión mayoritaria de los venezolanos, expresada contundentemente en su contra el pasado 28 de julio.

Así han logrado lo que durante mucho tiempo hizo el Partido Revolucionario Institucionalista (PRI) en México. Ello supone realizar aparentes procesos electorales donde la gente vota, pero no elige, en un entorno de corrupción, fraudes, abusos, violación de leyes y, lo que resulta peor, desprecio absoluto de la soberanía, la cual -según el artículo 5 de la Constitución- “reside intransferiblemente en el pueblo”.

En nuestro caso, la extinción de la soberanía popular comenzó con la llegada del teniente coronel Chávez Frías al poder, quien conceptuó su elección en 1998 como una batalla militar que ponía a Venezuela bajo exclusivo dominio suyo y de su claque. Y todo ello a pesar de que entonces obtuvo menos votos que Lusinchi en 1983 y CAP en 1988.

Recordemos lo que pasó luego en 1999 cuando fue convocada una constituyente violando la Constitución de 1961, con una participación de apenas el 46% de los electores y una abstención del 54%. El chavismo obtuvo 122 constituyentes con el 25% de los votos, mientras la oposición eligió sólo 8 constituyentes con el 20%, lo que significaba el estreno de su vocación fraudulenta. Finalmente, el proyecto de Constitución fue aprobado en diciembre de 1999 por el 32% de los electores inscritos y con una abstención histórica que oficialmente se contabilizó en un 57%, aunque fue mayor, por haber coincidido con el deslave del estado Vargas y fuertes tormentas en el centro del país.

Hay que recordar también los obstáculos del CNE chavista contra la iniciativa popular de Referendo Revocatorio, solicitada en diciembre de 2002 y postergada por el régimen hasta agosto de 2004, cuando lo convirtió en un plebiscito de manera ilegal, y puso a ganar el “No”, en contra de todos los sondeos que indicaban que ganaría el “Sí”. En octubre siguiente se hicieron las elecciones regionales, en las cuales la participación se redujo a la mitad y, aun así, el gobierno obtuvo 20 gobernaciones.

En diciembre de 2006 Chávez fue reelecto, pero un año después resultó derrotado su proyecto de reforma constitucional para establecer la reelección presidencial indefinida. Sin embargo, se burlaron de la voluntad soberana y pocos meses después -violando la Constitución- convocaron otro referendo para establecer la reelección indefinida de todos los cargos de elección popular, que esta vez, como era de suponer, el CNE anunció que había sido aprobada.

En las elecciones presidenciales de 2012 y 2013 repitieron sus prácticas fraudulentas ante una oposición encabezada entonces por la falta de coraje.  En 2015, en un exceso de confianza, descuidaron sus trampas y la oposición ganó por mayoría absoluta la Asamblea Nacional. Pero inmediatamente su TSJ “anuló” la elección de tres diputados opositores por Amazonas, a fin de desconocer aquella mayoría. Luego declaró a la AN “en desacato”, figura que no existe en la Constitución, y a continuación judicializaron a todos los partidos opositores para entregarles sus tarjetas y símbolos a unos lacayos suyos, con la muy curiosa excepción de Un Nuevo Tiempo, el partido de Manuel Rosales.

Más recientemente, en 2018, adelantaron a su conveniencia una supuesta elección presidencial e igual hicieron en 2021, cuando se adjudicaron la mayoría de las gobernaciones y alcaldías, concediéndole apenas tres estados a los candidatos opositores de entonces.

El 28 de julio de 2024, ante la incontenible marea de cambio liderizada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, se materializó el triunfo de este último como candidato presidencial, habiendo obtenido cerca del 80 por ciento de los votos, superando así el récord histórico que, en esta materia, había logrado don Rómulo Gallegos en las elecciones de 1947.

Vale la pena recordar -y no olvidar- que ese proceso electoral se produjo en medio de irregularidades, abusos y violaciones constitucionales de toda laya. El régimen dirigió el proceso negándole a sus adversarios lo que la Constitución y las leyes les garantizaban. Llegaron al colmo de decidir quién podía ser el candidato presidencial opositor y quién no. Fue así como inhabilitaron a quienes no les convenían y la dirigencia de la oposición tuvo que pasar por la humillación de proponer otros nombres hasta que el régimen decidiera cuál se ajustaba a sus intereses. Ignoraban, al parecer, que ese no era el problema y que, en cualquier caso, el tsunami electoral que se les venía encima era inevitable.

Por si fuera poco, los medios de comunicación social censuraron al candidato opositor por presiones oficiales, con lo que demostraron su escaso poder de penetración popular, a juzgar por los resultados electorales. Los atropellos del régimen obligaron al candidato de la oposición a hacer una campaña en medio de limitaciones de todo tipo y de persecuciones y secuestros contra sus dirigentes en todo el país. Y, aun así, González Urrutia los barrió por una diferencia considerable.

Bien se sabe que el Madurato desconoció aquella singular manifestación de la soberanía popular que, al parecer, los tomó por sorpresa. Bien se sabe también que la dirigencia opositora pudo demostrarla a todo el mundo, con las actas correspondientes. Sin embargo, el régimen decidió, “a lo Jalisco y por las malas”, burlar esta multitudinaria manifestación de cambio expresada por millones de ciudadanos. E inmediatamente inició una escalada de represión y muerte.

Como puede constatarse, son demasiados hechos concretos que demuestran que estamos ante la liquidación de facto de la soberanía popular.-

 La Patilla/América 2.1