Alfredo Infante s.j. :
El nombramiento de las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) es un paso trascendente en un contexto de colapso como el que vivimos y, especialmente, en medio del deterioro acelerado de la institución del voto. Ha sido un tema controversial -era de esperarse- en un país herido por la desconfianza hacia cualquier hendija conquistada por la vía del diálogo y la negociación con el poder de facto. El hecho no sólo ha sacudido a los sectores extremos de la oposición política sino a muchos moderados y a lo interno de los sectores que apoyan al régimen. Y es que los venezolanos queremos una solución pacífica a la crisis aunque, al mismo tiempo, nos embarga una desconfianza fundada hacia el ejercicio de la política, única vía legitima para acordar nuestras soluciones y salir del abismo en el que nos encontramos. Estamos, pues, entrampados en nuestras propias paradojas.
Las estratagemas que, desde el alto Gobierno, se han orquestado para erosionar la confianza en la ruta electoral han sido muy efectivas. Por eso, las nuevas autoridades del CNE tienen en sus manos no solo la tarea de recuperar institucionalmente el Poder Electoral sino, sobre todo, recuperar la legitimidad ante la opinión pública. La tarea es ingente.
Al respecto, recordemos la historia reciente que muy bien reseña el documento Rescatemos el derecho a vivir en democracia: decálogo para la acción, hoja de ruta ciudadana que ha presentado la UCAB, junto a Provea y Espacio Público, para la defensa del Estado de derecho y la recuperación de las condiciones de vida, y que desde el Centro Arquidiocesano Monseñor Arias Blanco hemos decidido impulsar. Según apunta el decálogo, “la soberanía popular es burlada, cuando se bloquean los cauces para la celebración de procesos electorales confiables. También cuando se imponen órganos como la llamada asamblea nacional constituyente, convocada en 2017 a espaldas al pueblo, o cuando el gobierno ha impedido, con la anuencia del Tribunal Supremo de Justicia, que la Asamblea Nacional legítimamente electa el 6 de diciembre de 2015 cumpla sus funciones constitucionales”.
Por todo esto, el escepticismo en la población es grande y, razonablemente, sustentado. También suman a este desencanto social los recurrentes llamados a la abstención y los viscerales desencuentros que han fragmentado a la llamada oposición democrática, a los que hay que mencionar los visibles desaciertos de sectores extremistas de la oposición política -impulsados por el inmediatismo y las alianzas con actores internacionales radicales como el Gobierno de Donald Trump- que han limitado la posibilidad de articular una agenda consensuada que dé señales de avances en una dirección institucional y democrática.
Desde esta tribuna insistimos, como menciona el Decálogo, en que “levantarnos de la postración en la que nos encontramos es el primer paso. Para ello es fundamental salir de nuestra tristeza moral y activar la fortaleza de la ciudadanía”. Y en este contexto, el nombramiento de la directiva del nuevo CNE es una pequeña luz en medio del túnel. El todo o nada y la reiterada agenda abstencionista sólo han mostrado que si seguimos por esa vía se terminará profundizando la postración, enterrando la política y cediendo los espacios al régimen y su autoritarismo. Recuperar la política es un deber ciudadano, no podemos seguir dejando la política sólo a los políticos. La sociedad civil tiene un rol importante en este trascendental cometido y lo ha mostrado en este incipiente proceso de restablecimiento del poder electoral, pues por primera vez hay entre los rectores representantes propuestos por las organizaciones de la sociedad civil, articuladas en el “Foro Cívico”.
Este primer paso, resultado del diálogo y la negociación, coincide con el espíritu del Decálogo, cuando afirma que es urgente «que se creen las condiciones institucionales para que el pueblo pueda recuperar su voz y su voto en la conducción de su propio destino». Por eso, desde Signos de los Tiempos saludamos el nombramiento del nuevo CNE, en primer lugar, porque es una señal pequeña, pero trascendente, que expresa la voluntad de las partes en conflicto de iniciar un proceso para restituir la institución del voto. Estamos conscientes –y no somos ingenuos- de que si el Ejecutivo ha abierto una rendija para que esto suceda es porque, también, tiene interés de recuperar un mínimo de legitimidad. Sin embargo, creemos que este nombramiento abre la posibilidad a los sectores de la oposición para que articulen la musculatura y repiensen una estrategia unitaria, capaz de ir conquistando espacios abiertos y alcanzar nuevos objetivos en la solución pacífica y democrática de nuestra crisis sistémica.
Al nuevo CNE le queda la ingente tarea de levantar de las cenizas la institución y, sobre todo, de dar señales de avances en la democratización con acciones que -como señala el Decálogo- incidan para “revocar las medidas judiciales que han implicado la asunción indebida de responsabilidades directivas en organizaciones políticas contrarias al Gobierno y reconocer la validez de la inscripción de estos partidos, en manos de sus autoridades legítimas”, “poner término a los procedimientos arbitrarios de ratificación o renovación de la militancia y otros artificios ideados para comprometer la permanencia de los partidos de oposición” y, de igual modo, dado el descontento de la población con el actual Gobierno, “reconocer la operatividad del derecho a cumplir la iniciativa popular de los referendos previstos en la Constitución, sin que el Consejo Nacional Electoral (CNE) pueda colocar barreras para su activación y realización”.
En este marco, cabe recordar la opción del Concilio Plenario Venezolano donde se definieron las estrategias de nuestra pastoral: “La Iglesia fomentará la organización de la sociedad civil para generar una mayor participación libre y consciente en las opciones políticas, sindicales, grupales y vecinales, a fin de que las personas, y especialmente los pobres, sean sujetos sociales de su propia superación y desarrollo humano” (157).
La Iglesia, desde sus opciones fundamentales, saluda cualquier avance, por muy mínimo que sea, hacia el restablecimiento de la institucionalidad democrática y hace un llamado a todos los venezolanos, especialmente a los fieles, a sumarse a la ruta por una solución pacífica y consensuada.
Boletín del Centro Arquidiocesano Monseñor Arias Blanco
28 de mayo 03 de junio de 2021/ N° 105
*Foto: BBC
