Entrevistas

Primeras notas ambientales al cierre de 2021 para comenzar 2022

Jorge Padrón es una voz fundamental del ecologismo venezolano

Hacer el balance de un año es una tarea difícil, por eso quienes se atreven a asumir esa responsabilidad lo hacen de manera adecuada cuando escriben aproximadamente un mes después de concluir el período. Como esta columna se caracteriza por la honestidad, lo que sigue son simples notas, a las que seguro hay que agregarle otras, pero quisimos tomar las impresiones al cierre del año de un gran referente ambientalista.

Jorge Padrón es una voz fundamental del ecologismo venezolano, y como tal entrevistamos. Lidera la ONG Asociación Ecológica y Social Chunikai, y es responsable del Capítulo Derecho al Ambiente Sano del Informe de Provea, documento sumamente relevante que se publica anualmente sobre los derechos humanos, y persona que tiene un concepto muy integral de todo lo que pasa con el ambiente en Venezuela y con el movimiento ambientalista. Le hemos preguntado sus impresiones sobre cuáles son las problemáticas ambientales que saltanmás a la vista hoy en Venezuela, que mencione 2 o 3 temas en esa línea.

Para Jorge lo que le salta primero es el tema del Arco Minero, que en realidad debe citarse como la minería al surdel Orinoco, opta por resaltar algunos elementos adicionales a la grave problemática ambiental que ya se conocen y han descrito, Jorge destaca el factor social, “definitivamente este es el caso socio-ambiental más grave del país”. El flujo migratorio desde distintos estados hacia el sureste de Bolívar, dado la atracción de la “bulla” del Arco Minero en el contexto del desastre socio-económico nacional, con todas las secuelas en las familias de los movilizados y el impacto a los sitios de llegada.Lo que tiene que ver con los niños trabajando en las minas que al igual que las mujeres que osan laborar en esas zonas extractivas de Bolívar, no tienen el mínimo acceso a los derechos consagrados en la Constitución. La inseguridad que se vive en ese territorio denunciada en varias oportunidades del cual se tiene un lamentable saldo en crímenes, matanzas, extorsiones, torturados, desaparecidos. Los accidentes laborales que hay en las minas auríferas que son frecuentes,pero se conocen muy poco debido ala opacidad oficial que prevalece en estos tiempos venezolanos. Las dificultades de la población local y especialmente las comunidades indígenas para acceder a agua potable porque los ríos han sido contaminados con mercurio y otros desechos líquidos peligrosos (combustible, lubricantes, otros). O las invasiones de los territorios indígenas por parte de mineros impulsados por los mismos sectores oficiales.Sobre estos hechos se han publicado noticias en medios de comunicación, en especial regionales, como el Correo del Caroní. También algunas ONG han podido investigar, aquellas que pueden llegar a la zona o las que logran hacer las indagatorias prácticamente de manera clandestina. De esa manera se consigue información de primera mano, más allá de que el gobierno busca ocultar la información sobre lo que pasa. Es muy poco lo que se dice oficialmente sobre cualquiera de estas situaciones.

Es común en los análisis del Arco Minero del Orinoco referirse a la inseguridad y la anarquía. La inseguridad sin duda es muy grande, pero se hace ver como si reina la anarquía en esa geografía, y puede ser verdad a primera impresión. No obstante, al revisar las investigaciones de distintas ONG con detalle y correlacionar con lo publicado en la prensa uno empieza a hilar más fino y darse cuenta que es una anarquía entre comillas. Por ejemplo, los grupos armados que existen, tantos los grupos de tipo delincuencial, que hay unos cuantos, como las guerrillas colombianas, todos trabajan para lo que el gobierno venezolano desea. Al igual ocurre con las actividades de la pequeña minería que impactan terriblemente el ambiente diseminadas en varias zonas de la entidad sin distingo de si se está en áreas protegidas o no. Ese sector lo ha venido organizando el gobierno desde 2016 y prácticamente todos esos pequeños mineros, que son los que aportan la producción oficial del oro, en la actualidad más de 30 toneladas anuales, tienen canales formales con organismos del Estado, sea con el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico o con la Corporación Venezolana de Minería (CVM), organismo estatal que es manejado por militares. Entonces de esa forma no es “anarquía” sino caos intencionado. Eso es una tremenda problemática que se vive, pero que obedece a intereses bien claros.

Lo otro que hay que tener en cuenta para darle la jerarquía dentro del panorama gris ambiental venezolano es que el Arco Minero del Orinoco ya es un patrón, una estrategia extractivista que llevan adelante los que están en el poder en Venezuela y que no hay que dudar de sus intenciones de aplicarlo al resto del territorio como lo hacen en Bolívar. Los estados Amazonas y Delta Amacuro actualmente están en sus miras.

El segundo problema que sobresale, por lo menos en el ámbito urbano, es el tema de la basura. Es un asunto que actualmente los medios de comunicación no le han dedicado tanto, como si lo registraban unos pocos años atrás, no obstante sigue en pie, salvo algunos municipios de Caracas y de contadas ciudades del interior del país. Si uno recorre el sur y oeste de la capital impresiona como muchas avenidas se han convertido en sitios de disposición final de los residuos sólidos de las barriadas, que por lo que se puede apreciar dejaron de ser recogidos por las empresas contratadas por las alcaldías o lo hacen precariamente.Eso ni hablar de los propios vertederos que son un desastre, focos socio-ambientales en sí mismos en los cuales no se aplica ningún artículo de la Ley en la materia vigente. Pero, aparte de los vertederos, hoy en día se puede ver, por ejemplo, que la avenida que comunica La Yaguara con Antímano, a nivel de Carapita, o más lejos en sectores de Caricuao, se convirtieron en botaderos de basura a cielo abierto, como cualquier vertedero actual venezolano, donde una gente deja basura y otros escarban en búsqueda de comida y distintos objetos, como ropa.

En la actualidad hay varios lugares de nuestras ciudades y pueblos donde la basura prolifera sin el mínimo manejo adecuado convirtiéndose en focos de problemas de salud pública, donde se multiplican y reproducen ratas, insectos y virus. Esto es muy grave y más teniendo de contexto la pandemia del covid-19 y datos que han salido a luz pública por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta organización ha revelado información de, por ejemplo, la cantidad de personas que mueren al año en el mundo por la contaminación en las ciudades, a lo cual contribuyen, aparte de los automóviles (que en Venezuela ha disminuido como fuente contaminante), las quemas en los basureros con todo lo que implica en gases tóxicos y lamentablemente en nuestro país esa práctica se ha incrementado.

El tercer problema que se demarca es el del agua, el del derecho al acceso al agua potable. La infraestructura de agua en Venezuela es conocida, uno ve documentos oficiales en los que se expresa que la cobertura es de 94%, pero sabemos que la realidad es muy grave y esa variable no resuelve el problema, que es la falta de agua en los hogares venezolanos. El asunto es que esa infraestructura- construida entre las décadas de 1960 y 1990- se ha venido deteriorando, no se le ha hecho nuevas inversiones, salvo muy pocas plantas de potabilización, y tampoco se le ha hecho el debido mantenimiento. Aparte cada vez hay menos personal para atender la gestión del agua y muchos conocedores de nuestra infraestructura han emigrado, en el contexto de la emergencia humanitaria compleja, en especial entre 2016 y 2020. En esto hay que hacer una nota, el personal de empresas estatales del ramo, como Hidrocapital, puede estar comprometido con la gestión del agua, pero con las limitaciones actuales en presupuesto y equipamiento hacen lo que pueden. Es un problema estructural y el balance es que hay muchas familias, sectores o centros poblados enteros que pasan semanas y hasta meses sin llegarles el agua, y tienen que buscar el agua por otros medios. Es decir, por las tuberías no les llega.

Por otra parte, en los últimos seis meses, considera Jorge, se debe agregar un problema que, si bien anteriormente existía, se ha venido agudizando: la tala y la poda extrema, como política de las alcaldías y por un “paisajismo” de orden totalmente irregular y comercial que lleva adelante el gobierno de Maduro. Aunque realmente es una sumatoria de hechos que implican la tala y afectación de la vegetación arbórea de las ciudades y áreas adyacentes.

Desde hace unos 5 o 6 años vienen ocurriendo en distintas entidades de Venezuela talas para obtener leña y así poder cocinar ante la falta de gas doméstico. Pero también hay un aprovechamiento ilegal  de la madera comercializable y también de la usada como leña. Es común que el proceso de la búsqueda de leña comienza por usar las maderas de las estructuras de la parcela, así como las que están más cerca de la casa, luego la de los vecinos, más allá se corta un cartel de madera, sigue con talas de las especies buenas para hacer leña, después cualquier otra. Va incrementándose la intervención y cada vez hay menos madera, para finalmente atentar contra el propio bosque que protege las fuentes de agua de la zona o la región, incluyendo zonas protectoras y otras áreas protegidas. Se pasa de un contexto de potencial conflicto entre vecinos a problemas más amplios de orden de toda la ciudad, problemas ecológicos más macro que afectan la biodiversidad, las cuencas hidrográficas y el abastecimiento de agua.

En el caso de las podas y talas a nivel de los municipios de Caracas, es evidente que las alcaldías (principalmente las del este y sureste de la capital) les ha dado un “cheque en blanco” a la empresa contratista que maneja el asunto, la misma que se encarga del aseo urbano, específicamente la empresa Fospuca. Pero lo que brilla por su ausencia es la contraparte técnica institucional, sea el ingeniero inspector (hombre o mujer ingeniero forestal, o ingeniero agrónomo o en su defecto biólogo o geógrafo con experticia en la materia) que deberían de destinar a supervisar in situ las labores de poda por cada una de las alcaldías. El resultado ha sido un número alto de árboles que formaban parte del arbolado de Caracas talados o mal tratados, muchos de los cuales sometidos a poda extrema. Es cierto que ese arbolado caraqueño ha estado a la buena de Dios como consecuencia de años o décadas de falta de mantenimiento en materia fitosanitaria y muchos ejemplares arbóreos están afectados por la tiña y algunos por el “guatepajarito” y otras plagas y parásitos, pero no se puede aceptar que la solución sea cortar con machetes y sierras los árboles sin que haya opiniones técnicas y supervisión de expertos, e ideal acompañados de la sociedad civil que vele por el buen cumplimiento de las normas ambientales. De paso el peor momento de esta situación fue en octubre-noviembre de 2021, en plena campaña electoral para las elecciones regionales y municipales. Ante la petición de particulares inconscientes que argumentaban que los árboles les molestaban porque “generan mucha basura” o porque les tapa los postes de luz o cualquier cosa, las empresas contratistas con el aval de las alcaldías los talaban o les podaban casi todas sus ramas. Situación que se dio mucho y aún ocurre. Hay que tener en cuenta que existen también mafias con las maderas cortadas que pueden estar detrás de todo eso.

Paralelamente a esto, ha habido otra situación grave con los árboles de Caracas, pero esta vez con vinculación al gobierno central. En las autopistas que atraviesan la ciudad decidieron crear un nuevo “paisajismo” que ha implicado hacer murales en paredes y distribuidores con lemas paradójicamente alusivos a temas indígenas del país y por otro lado reemplazar todos los arboles existentes en las islas de esas longitudinales vías y sus distribuidores para ser sustituidos por dos especies de palmas exóticas, principalmente la palma datilera (Phoenix dactylifera) originaria de Madagascar. De acuerdo con investigaciones[1] que han salido públicamente esas palmas las extrajeron irregularmente (para decir lo menos) de la isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Según lo publicado, las palmas datileras fueron introducidas y sembradas hace siglos en un territorio de Margarita cercano a San Juan Bautista, hoy en día municipio García. En esa región se le ha dado un uso a su follaje y frutos, razones por lo cual es parte del patrimonio del municipio y se le otorgó su normativa proteccionista a escala local. Pues esa norma se trasgredió, cortándose y llevando a tierra firme tallos de más de 4 metros de altura de esas palmas para trasplantarlas en las autopistas de Caracas, previo talar y sacar los árboles que en la capital existían en esos sitios. Y no está demás aclarar que al talar los árboles sin la debida autorización, en la cual se especifiquen las razones técnicas de esa medida, se está violando la Ley Orgánica del Ambiente y por ende la Ley Penal del Ambiente, ambas vigentes.

Como resultado de todas esas situaciones ha crecido la indignación de muchos habitantes de la ciudad y además ha surgido un movimiento ciudadano cuya bandera principal ha sido la defensa de los árboles.

Ahora, luego de que Jorge Padrón pudo explayarse sobre estos temas, se le pregunta sobre cómo ve el movimiento ambientalista actual frente a estas situaciones.

Él hace notar que existe, que ha resurgido un movimiento ambientalista que ya lleva algunas acciones de calle, muchas de las cuales de orden pedagógico. Una de ellas fue una caminata que resultó muy importante, con participación de cientos de personas, recorriendo una ruta que atraviesa tres municipios, sembrando árboles en la ruta y cantando. Esa acción se realizó el sábado 27/11/21. Se reclama por la búsqueda de soluciones integrales a problemáticas como la de los árboles. Hasta ahora es un movimiento urbano y apenas está en su fase incipiente. Pero la acogida por la opinión pública y en especial las redes sociales ha sido significativa, ya que está lleno de esperanza. Aparte en su contexto ha habido reflexiones sobre varios tópicos en materia ambiental. Por lo que vemos, las ONG tradicionales, las ONG de trayectoria, se están acercando a este proceso como observándolo, a ver si realmente se puede hablar de un movimiento que aspira a articularse, a ser de referencia o hacer una reacción poco coyuntural nada más.

Aníbal Isturde declamando Oda al Orinoco | Foto Aporrea

Finalmente destaca: Pero hay que estar claros, el ambientalismo, al igual que muchas personas que actuaron en los noventa y ochenta a favor de distintos ideales pertenecientes a grupos de la sociedad civil, durante este período chavista madurista han estado muy golpeados. Una muestra de eso y que hay que destacar es lo que viene ocurriendo con algunas personas que integraron el movimiento Forja y otros que ha desempeñado un rol activo en defensa de las áreas protegidas y el ambiente en general que actualmente requieren urgente acción de solidaridad. Muchos de ellos son referencia fundamental en el ambientalismo venezolano, nos referimos a Aníbal Isturde, Maya Delgado, José Luis Rodríguez, el profesor y exsenador Alexander Luzardo, entre otros ilustres ecologistas. Son gente que dieron todo de sí por la lucha ambiental, y hoy están con problemas de salud, con problemas económicos severos, de alimentación y requieren de apoyo. Y que hay que hacer una campaña de solidaridad urgente para atenderlos, necesitan todo tipo de apoyo económico, moral, de medicina, exámenes médicos, están en un estado de salud con edad avanzada, requieren por lo tanto de apoyo humanitario, atención y acompañamiento.

Con esto Jorge finaliza una conversación en cuanto a esto que justamente es lo que se buscaba. Tener una primera impresión de lo que pasa con la gente en Venezuela y que se podría presentar.

Agradecemos a Jorge Padrón por esta importante entrevista.

Aparte de la entrevista precedente, este columnista pudo acceder a informes especiales, allí se observó que la problemática del lago de Maracaibo, el grave deterioro de sus cuentas por tala y extracción de carbón y contaminación por derrames petroleros y la agresión de los indígenas que viven en el área, la contaminación por coque por malas praxis en la industria petrolera, los derrames petroleros en la zona de las costas de Carababo y Falcón, el crecimiento por aguas servidas del lago de Valencia, y la reiteración en el país de eventos extremos por lluvias como consecuencia del cambio climático, son también puntos insoslayables de cualquier informe de lo sucedido en Venezuela. Cualquier discurso en la pasada COP26 de Glasgow sin tocar esos temas debe considerarse incompleto.


[1]https://www.eluniversal.com/venezuela/111290/denuncian-irregular-extraccion-de-palma-datilera-en-margarita

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